Reporte de Accionistas en el RTU: Seguridad y Confidencialidad de la Información

El Decreto 31-2024, que reforma el artículo 120 del Código Tributario en Guatemala, ha generado inquietud en el sector empresarial debido a la nueva obligación de reportar la estructura de accionistas dentro del Registro Tributario Unificado (RTU). Esta reforma, impulsada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), busca mejorar la transparencia fiscal y fortalecer el control sobre las sociedades, alineando al país con estándares internacionales en materia de información financiera.

A partir de su implementación, las personas jurídicas deberán proporcionar datos específicos de sus accionistas o socios, incluyendo nombres completos y porcentajes de participación en el capital social. No obstante, esta exigencia ha suscitado cuestionamientos sobre la seguridad y protección de la información proporcionada, considerando que se trata de datos privados y confidenciales.

Impacto y Preocupaciones del Sector Empresarial

Si bien la reforma tiene como objetivo fortalecer el control fiscal, ha generado incertidumbre en el ámbito empresarial. Muchas empresas consideran que esta obligación expone información sensible que podría comprometer la confidencialidad de sus estructuras de negocio.

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a cómo la SAT manejará estos datos y qué medidas de seguridad implementará para proteger la información de accesos no autorizados o posibles filtraciones. En un entorno donde la ciberseguridad es una preocupación creciente, las empresas necesitan garantías de que la información proporcionada estará debidamente resguardada y será utilizada exclusivamente para fines tributarios.

Otro aspecto relevante es la falta de claridad respecto a las sanciones en caso de incumplimiento o errores en la información proporcionada. Las empresas que no actualicen sus datos en el RTU podrían enfrentar restricciones operativas, dificultades en la emisión de facturas y problemas en sus gestiones tributarias.

Acciones Legales en Contra de la Reforma

Ante este panorama, distintos abogados y expertos en derecho tributario han expresado su preocupación sobre la constitucionalidad de esta medida. Se ha discutido la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad, argumentando que la nueva regulación podría vulnerar el derecho a la privacidad empresarial y exponer información estratégica a riesgos innecesarios.

Sin embargo, hasta que sea emitido el reglamento, la ley entre en plena vigencia y la SAT implemente las acciones derivadas de esta obligación, no se podrá determinar con certeza qué repercusiones puede llegar a tener en el sector empresarial. Adicionalmente, hasta que no sea planteada y resuelta una posible acción de inconstitucionalidad en contra de esta normativa, no sabremos si efectivamente entrará en vigencia y se deberá proporcionar la información pretendida

¿Cómo Deben Prepararse las Empresas?

Ante estos cambios, es crucial que los empresarios revisen su estructura societaria y se preparen para cumplir con la actualización del RTU. Algunas recomendaciones clave incluyen:

• Auditoría interna: Verificar que los datos de los accionistas estén actualizados y correctos.
• Asesoría especializada: Consultar con expertos legales y fiscales para garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir sanciones.
• Seguimiento legal: Monitorear las acciones legales en curso, ya que una resolución de inconstitucionalidad podría modificar la aplicación de esta reforma.
• Información y plazos: Mantenerse informados sobre los requisitos específicos que establecerá la SAT para el reporte de accionistas y los mecanismos de seguridad que implementará para resguardar los datos.

Conclusión

Desde UHY recomendamos que las empresas adopten una postura proactiva frente a estos cambios, asegurándose de cumplir con las regulaciones sin comprometer la estabilidad y confidencialidad de su estructura corporativa. Contar con un equipo de expertos en materia fiscal y legal permitirá una transición ordenada y minimizará riesgos operativos y sanciones.

Autor: René Pérez Colocho

Cargo: Socio Legal

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