¿Está Centroamérica lista para una fiscalidad verde? Hacia una transformación estructural de la política tributaria.
La transición hacia un modelo económico más sostenible ya no es una opción, sino una urgencia global. En este contexto, la política fiscal debe desempeñar un rol protagónico como herramienta para incentivar comportamientos responsables, movilizar inversión sostenible y, al mismo tiempo, generar ingresos públicos que permitan enfrentar los desafíos del desarrollo. Este nuevo paradigma ha dado lugar al concepto de fiscalidad verde, una tendencia en expansión en América Latina y otras regiones del mundo. La gran pregunta para Centroamérica es: ¿estamos preparados para asumir esta transformación estructural?
¿Qué es la fiscalidad verde? La fiscalidad verde consiste en el uso del sistema tributario para corregir impactos ambientales negativos y fomentar prácticas sostenibles. Esto se puede lograr a través de dos mecanismos complementarios. El primero, a través de instrumentos fiscales correctivos, como los impuestos sobre emisiones de carbono, plásticos de un solo uso, residuos o vehículos contaminantes. Y el segundo, a través de incentivos fiscales positivos, como deducciones, exenciones o créditos tributarios para promover la inversión en energías limpias, tecnologías sostenibles y modelos de negocio de bajo impacto ambiental.
En América Latina, países como Colombia, México, Chile y Costa Rica han avanzado en la incorporación de instrumentos de fiscalidad verde. A nivel global, más de 70 jurisdicciones aplican impuestos al carbono o sistemas de comercio de emisiones como parte de sus estrategias climáticas.
En Centroamérica, el desarrollo de una fiscalidad verde aún es incipiente y fragmentado. Algunos países han dado pasos importantes en la promoción de energías renovables y en la concesión de beneficios fiscales para proyectos con componentes sostenibles. Por ejemplo, Costa Rica ha sido pionera en incentivos fiscales a energías limpias y transporte eléctrico. Guatemala y El Salvador han aprobado marcos normativos que contemplan exenciones para proyectos de energías renovables. Honduras y Panamá también han creado regímenes especiales para fomentar la eficiencia energética y el desarrollo de zonas francas verdes.
No obstante, la mayoría de los países centroamericanos carecen de una política fiscal ambiental articulada, con impuestos ambientales de aplicación general y una evaluación sistemática del impacto ecológico de sus incentivos tributarios. En muchos casos, los subsidios existentes terminan beneficiando actividades intensivas en emisiones o con alta huella ambiental.
Una transformación fiscal con enfoque verde en Centroamérica requiere de una visión estratégica y coordinada. Algunas líneas de acción clave podrían incluir: Evaluar el impacto ambiental del sistema tributario actual, incluyendo incentivos y gastos tributarios que podrían estar favoreciendo modelos económicos no sostenibles. Diseñar nuevos impuestos ambientales (e.g., sobre emisiones, residuos, agua o transporte contaminante), con gradualidad y mecanismos compensatorios para proteger a los grupos más vulnerables. Fortalecer los incentivos fiscales verdes, especialmente dirigidos a pequeñas y medianas empresas, tecnologías limpias, agricultura sostenible y economía circular. Fomentar la coordinación interinstitucional, integrando a ministerios de finanzas, autoridades tributarias, ministerios de medio ambiente y organismos de planificación. Incorporar criterios de sostenibilidad en las reformas fiscales, tanto en la estructura impositiva como en la distribución del gasto público.
¿Por qué es importante? Una política fiscal verde no es solo una herramienta ambiental, sino también un instrumento de desarrollo económico inteligente. Sus beneficios son múltiples: Mejora la eficiencia del gasto público, estimula a la innovación y la inversión responsable, reduce riesgos fiscales derivados de desastres naturales y eventos climáticos extremos, mejora el perfil del país ante inversionistas, mercados internacionales y organismos multilaterales y se alinea con los compromisos climáticos globales, como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La transición hacia una fiscalidad verde en Centroamérica no es una tarea menor: requiere voluntad política, diálogo técnico, participación del sector privado y visión de largo plazo. No se trata únicamente de crear nuevos impuestos, sino de replantear el sistema tributario bajo un enfoque moderno, justo y coherente con los desafíos ambientales y sociales del siglo XXI.
Marguerite Brown
Socia de Impuestos y Servicios Legales
Deloitte