¿Por qué es ventajoso que exista una Ley de Competencia?
Ley de competencia
Mario Archila
En Guatemala se debate en el Congreso de la República la aprobación de una «Ley de Competencia». La iniciativa 5074, que se encuentra ahora mismo en la Comisión de Economía y Comercio Exterior para un nuevo estudio y dictamen.
En un mundo globalizado, donde el comercio se realiza con un significativo nivel de libertad, en América Latina Guatemala es de los últimos países que no cuentan con una Ley de Competencia. En el caso de Guatemala a pesar de los tratados comerciales y diversas convenciones con la mayoría de los países desarrollados, se hace evidente que adquirió esta última la obligación de legislar para combatir las prácticas anticompetitivas y erradicar las prácticas que entorpecen el funcionamiento del Mercado.
Cabe preguntarse ¿Por qué es ventajoso que exista una Ley de Competencia?
La nueva iniciativa de Ley de Competencia en Guatemala busca regular las concentraciones empresariales, particularmente las integraciones horizontales, es decir, aquellas fusiones o adquisiciones entre empresas que operan estrictamente en el mismo sector.
Este tipo de operaciones estarán como en la mayoría de Estados, sujetas a aprobación previa de una autoridad reguladora, con el objetivo de evitar prácticas que tengan como objetivo restringir la competencia en el mercado.
Asimismo, el proyecto establece una serie de hechos que podrían considerarse sancionables, como los acuerdos entre competidores para fijar precios o repartirse el mercado, así como pretender abusar de una posición dominante.
La propuesta de ley pretende garantizar condiciones justas y transparentes en los mercados, buscando proteger tanto a los consumidores como a los competidores frente a prácticas anticompetitivas que afecten la economía en general.
Actualmente la competencia en Guatemala se regula en parte mediante acciones de inconstitucionalidad para atacar normas que generen monopolios legales o barreras de entrada. Sin embargo, el nuevo marco legal pretende establecer un mecanismo robusto y específico para abordar estás prácticas, con un enfoque en sancionar las conductas que perjudiquen a la economía nacional y mejoren los bienes y servicios para los consumidores.
Autores:
Mario Archila, Socio
Mónica Medrano, Asociada